Perú: crecimiento económico con pies de barro

El lado oscuro del desarrollo regional y la normalización de las economías ilícitas

En un país donde las cifras de crecimiento económico son celebradas en conferencias, memorandos y titulares, existe una verdad incómoda que rara vez se discute en voz alta: más del 57% de los peruanos cree que su región ha progresado gracias a la economía ilícita. No es una suposición. Es una cifra con respaldo técnico, publicada por el Barómetro de las Américas (LAPOP, 2017). Y lo que revela es tan revelador como perturbador.

¿Puede una nación sostener su desarrollo sobre cimientos ilegales sin que eso afecte su institucionalidad, su seguridad y su reputación internacional? Esta es una reflexión urgente para quienes diseñan políticas públicas, gestionan riesgos o protegen activos estratégicos.

La minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando son los nuevos “motores económicos” regionales. La población en regiones como la costa sur (74%), la selva (65%) o la sierra norte (58%) no solo percibe su impacto: lo justifica. Y es que cuando el Estado llega tarde, el crimen llega temprano… y con inversión.

Actividades ilícitas más mencionadas como motores económicos:

• Narcotráfico: 30%
• Minería ilegal: 23%
• Contrabando: 21%
• Trata de personas y tala ilegal: 16% combinadas

Estamos frente a un ecosistema informal paralelo que no solo financia, sino que influencia. Y lo más peligroso: normaliza.

El 59% de los encuestados cree que al menos la mitad de sus autoridades locales están involucradas en actividades ilícitas. Esto, lejos de generar indignación, parece haberse convertido en una especie de “precio cultural” aceptado por parte de la ciudadanía.

Consecuencia directa:
A mayor percepción de corrupción, menor satisfacción con los servicios municipales. El vínculo es directo, medible y corrosivo.

El Perú se encuentra en una peligrosa encrucijada: mientras algunos indicadores económicos muestran mejora, las bases sobre las que se asientan revelan un tejido contaminado por la ilegalidad. No se trata solo de combatir delitos, sino de reconstruir el contrato social entre el Estado, el ciudadano y la ley.

Implementar estándares internacionales como ISO 37001 y fortalecer los sistemas de integridad en gobiernos regionales.

1. Fomentar economías legales competitivas, especialmente en zonas rurales vulnerables.
2. Visibilizar el impacto real de las economías ilícitas en la seguridad, gobernabilidad y sostenibilidad.
3. Medir y reportar riesgos estratégicos desde la perspectiva de activos, no solo desde la óptica penal.

Si el desarrollo es real, no debería necesitar ser financiado por minería ilegal o narcos. Pero si es cierto que el progreso se está construyendo con dinero sucio, entonces no es progreso: es una burbuja corrupta con fecha de caducidad.